Nos comprendemos como una organización territorial que asume la responsabilidad ética, en modos organizativos comunitarios, ante cada situación de vulneración de derechos como un hecho público en los entornos en que vivimos.

Reconocemos el rol que nos corresponde como sociedad civil en la incidencia, la exigencia, la promoción, la protección y en la restitución de derechos.

Entendemos que ante cada situación de vulneración de Derechos, el estado en sus formas de Gobierno tiene un rol protagónico indelegable base de su legitimidad y en la potencia que tiene el trabajo asociado entre Estado y OSC desde modos recíprocos con especificidad y complementariedad de roles para la construcción del Bien Común.

Nos apoyamos en la convicción de la capacidad que le corresponde a las personas y las comunidades junto a las que caminamos para revertir toda situación por más adversa que sea y buscar salidas colectivas a dichas situaciones.